Si alguna vez has tenido un problema con una administración pública y te has sentido impotente porque no sabías cómo proceder, este artículo es para ti.
En este blog te explicaremos todo lo que necesitas saber sobre la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa y cómo los abogados pueden ayudarte a resolver cualquier problema que puedas tener en este ámbito.
Además, te contaremos la historia real de Andrea, una joven canaria que ganó la sentencia contra la administración pública.
Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa ¿Cómo funciona?
La ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, también conocida como la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, es la ley que regula el procedimiento para impugnar los actos administrativos ante los tribunales.
En otras palabras, es la ley que regula los procesos judiciales que tienen lugar cuando un particular o una empresa tiene un conflicto con una administración pública.
Estos conflictos pueden ser por cualquier motivo, desde una multa de tráfico hasta una sanción medioambiental.
Demanda administrativa previa y recurso
El procedimiento de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa comienza cuando el particular o la empresa afectada recibe un acto administrativo que considera perjudicial para sus intereses.
En este punto, puede presentar una demanda administrativa previa, que es un recurso que se interpone ante la propia administración para intentar solucionar el conflicto sin necesidad de llegar a los tribunales.
Si la reclamación administrativa previa no da resultado, el particular o la empresa afectada puede interponer un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales.
Este recurso debe presentarse en el plazo de 2 meses desde la notificación del acto administrativo.
En el proceso contencioso-administrativo, el particular o la empresa afectada estarán representados por un abogado que defenderá sus intereses ante los tribunales.
El contencioso-administrativo de Andrea
La notificación de sanción
En 2019, una joven empresaria canaria llamada Andrea recibió una notificación de sanción medioambiental de la administración pública.
Ella se dedicaba a la fabricación de productos ecológicos y sostenibles, y siempre había cumplido con todas las normas y requisitos de la legislación medioambiental.
Por este motivo, Andrea se sintió muy frustrada y decidió presentar una demanda administrativa previa para impugnar la sanción.
Sin embargo, la administración pública rechazó su reclamación, lo que significaba que debía presentar un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales.
Fue entonces cuando empezó a preocuparse por todo lo que implicaba un procedimiento judicial. No sabía cómo funcionaba la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa ni qué pasos tenía que dar.
Entonces, a una amiga, que tenía otro asunto que solucionar, le había resultado útil ponerse en contacto con el bufete de abogados Atlántico Legal, donde pudo recibir asesoramiento jurídico especializado, y aconsejó a Andrea que se pusiera en contacto con ellos.
El recurso contencioso-administrativo
La empresaria contactó con Atlántico Legal y acudió a una consulta con un abogado experto en derecho administrativo. El abogado analizó el caso y tuvo que interponer un recurso contencioso-administrativo en representación de la joven empresaria.
Durante el proceso judicial, el abogado de Atlántico Legal defendió a Andrea ante los tribunales y presentó pruebas y argumentos sólidos para demostrar que la sanción medioambiental era injusta y desproporcionada.
La sentencia ganada
Al final, tras varios meses de litigio, el tribunal dictó sentencia a favor de la empresaria canaria, anulando la sanción y reconociendo su derecho a continuar con su actividad empresarial.
La historia de Andrea demuestra la importancia de contar con asesoría legal especializada en casos de contencioso-administrativo.
Gracias a la ayuda de Atlántico Legal y por supuesto, a la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, Andrea no renunció a defender sus derechos y ganó su caso en los tribunales.
Si te encuentras en una situación similar, no dudes en contactar con Atlántico Legal para recibir la asesoría legal que necesitas.
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